Hace un par de semanas, tuve una conversación con un cliente que tiene un pequeño solar urbano donde no se atreve a edificar. Aunque el solar no le resultó muy caro, al hacer cuentas de lo que supone la edificación, los impuestos y posibles incidencias, el beneficio que resultaba era nímio para el dinero que arriesgaba a lo largo de la construcción, y eso le llevaba a pensar que no le merecía la pena edificar por el momento.

Hoy, al encender el ordenador me he encontrado con esta noticia publicada en Fotocasa, y me he acordado de lo que hablaba con este cliente:

El Gobierno vuelve a potenciar la actividad del sector inmobiliario justo antes de que acaben las desgravaciones fiscales por compra de vivienda. El nuevo borrador del reglamento de la Ley de Suelo (aprobada en 2007) prevé eliminar trámites burocráticos innecesarios y reducir costes que luego redunden en el producto final: las viviendas.

Así, este borrador exime al promotor de registrar públicamente la obra nueva y de pagar impuestos por ello, según publica Cinco Días. Esto permitirá eludir el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados por el que desembolsan el 1% del coste de la obra declarada.

En lugar de presentar en los registros de la propiedad las declaraciones de obra nueva, los promotores sólo tendrán que acreditar la certificación que obtengan de los técnicos municipales competentes con la licencia municipal de obra, en caso de que se modifique finalmente la Ley de Suelo.

Fuentes de la Administración afirman que suprimir esta exigencia no supone en ningún caso una pérdida de seguridad jurídica, ya que al declarar la obra nueva, el promotor o el propietario del suelo en el que se edificará no puede tener una versión diferente a la que resulte de la certificación de los técnicos y de la licencia.

Ahorro fiscal

Sin embargo, el propósito de esta modificación es sin lugar a dudas es el ahorro fiscal, ya que al no registrar la obra se evita el pago de los impuestos sobre actos jurídicos documentados, que actualmente se abonan junto con el registro de la obra.

Este ahorro no será tan bienvenido por las administraciones autonómicas, pues también supone para ellas una disminución de sus ingresos. En 2008 las regiones recaudaron por ese impuesto más de 5.000 millones de euros y para el registro , los ingresos por actos jurídicos documentados pueden suponer el 10% del total, según fuentes registrales recogidas por Cinco Días.