El gasto en rehabilitación de viviendas superó el año pasado por primera vez el de la construcción de obra nueva, desplomado a raíz de la crisis inmobiliaria. Según explicó la directora general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, Pilar Martínez López, en unas jornadas organizadas por el colegio de Registradores de Cataluña, en 2012 se invirtieron 20.673 millones de euros en rehabilitar viviendas, frente a los 17.398 millones invertidos en construir otras nuevas. El gasto en rehabilitación también se ha reducido por la crisis (un 35% respecto a los niveles del 2008) pero mucho menos que el de promoción.
Martínez explicó que el objetivo del Gobierno es equiparar la rehabilitación al nivel europeo, muy superior, por su efecto
multiplicador sobre la economía. “Cada millón invertido en rehabilitar da empleo a 56 personas, y crea tres de riqueza”. Las subvenciones públicas casi se autofinancian, dijo: por cada 100 millones en ayudas, el sector público recupera 96 en impuestos (IBI, IVA, IRPF, tasas,..) y en pagar menos subsidios de desempleo. Con todo, en la ley de rehabilitación que
se está tramitando en el Congreso, el Ejecutivo va a introducir vías de financiación privada de la rehabilitación para
impulsarla reduciendo a la vez las ayudas públicas. “La rehabilitación debe ofrecer un modelo de negocio que pueda interesar a las empresas del sector”, aseguró, y atender la necesidad de conservar el parque de viviendas: 1,38 millones están en estado deficiente.
José Manuel Galindo, presidente de la asociación de promotores APCE, explicó que la rehabilitación es más compleja que la promoción de obra nueva y mucho menos rentable. “Son procesos largos, hay normativa rígida, de tres administraciones diferentes, contradictoria, y que exige requisitos técnicos a veces incumplibles, lo que dificulta además encontrar financiación bancaria”, lamentó.
Por su parte, La Razón informa que el Gobierno estima que las modificaciones incluidas en la Ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas podrían movilizar unos 260.000 millones de inversiones hasta 2050, lo que conllevaría la creación de unos 130.000 puestos de trabajo en la primera década de aplicación de las medidas, el mantenimiento de 170.000
empleos durante la ejecución hasta 2030 y conservar unos 120.000 puestos de trabajo a largo plazo. Así se expone en la Memoria de Impacto Normativo del proyecto de ley. La norma se someterá a un primer debate en el Congreso el próximo jueves
(La Vanguardia. Página 50. 3 columnas)