La nueva actualización del catastro conllevará, según los expertos, subidas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 2.100 municipios, es decir, más del 25% de los 8.118 en los que actualmente se organiza España. El IBI se ha convertido en la columna vertebral de la financiación local. Más aún desde el inicio de la crisis cuando, incomprensiblemente y al tiempo que el precio del suelo bajaba, su peso siguió incrementándose, hasta suponer ya en el año 2012 casi el 50% de los ingresos de los consistorios. Y 2015 no será una excepción. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio el visto bueno hace dos meses –al tiempo que aprobaba los Presupuestos Generales del año que viene–a la lista de municipios “a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales”. Se trata de un inventario de más de 2.500 municipios de toda España que serán objeto de un nuevo examen estatal. La repercusión, según Fernando Muñoz, director de Fiscal de BDO Abogados y Asesores Tributarios, es sencilla: “Implicará un incremento catastral (y, por ende, del IBI) en aquellos municipios cuya última ponencia de valores haya entrado en vigor con anterioridad a 2006”. Es decir, la situación se cumple para 2.100 de los 2.500 municipios. El análisis es compartido por José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato más representativo del Cuerpo Técnico de Hacienda, quien recuerda que “hay municipios que llevan sin actualizarse más de diez años”.
El Ministerio de Hacienda se desmarca del efecto de estas cifras y calcula que el nuevo examen, lejos de suponer subidas, representará de media un descenso del 1,5% en el IBI. En este sentido, fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro quitan importancia a los exámenes que resulten al alza y recuerdan que “para los municipios con valores ya revisados entre 2006 y 2009 tendrá un efecto a la baja”. En todo caso, insisten en que “la actualización de los valores catastrales no se ajusta de oficio por el Estado, sino que se aplica a los municipios que voluntariamente lo hayan solicitado”.
Otra de las cuestiones sería analizar qué hay detrás de esta petición por parte de los Ayuntamientos. En este sentido, muchos consistorios reconocen abiertamente que el IBI es prácticamente la única manera que tienen de demostrar al Estado un plan de viabilidad, un esquema que debe recibir el visto bueno de Hacienda si los Ayuntamientos quieren entrar en mecanismos de financiación como el plan de proveedores. Un plan, por otro lado, imprescindible para algunos consistorios, más en año electoral. Para Luis Corral, consejero delegado de la consultora inmobiliaria Foro Consultores, “este tributo ha dejado de respetar su origen: ya no grava fielmente el enriquecimiento del patrimonio y si no, ¿cómo es que
ha bajado durante todo este tiempo cuando el precio del suelo y de los pisos ha descendido en un 50%?”.
(El Economista. Primera página. Página 31. Editorial en página 3)