Desde Fincas Torrenueva, apoyamos firmemente la propuesta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para pedir que la profesión se regule de alguna manera. Como colegiados desde hace años (y siendo conscientes de que no es un requisito necesario según la ley actual) pensamos que la organización colegial y la garantía de una serie de conocimientos mínimos (así como la garantía que supone para el cliente la existencia de un seguro de responsabilidad civil por los actos profesionales) son requisitos cuando menos necesarios para el ejercicio de esta profesión que durante los años de la burbuja inmobiliaria se ha visto denostada -en gran número de ocasiones por personas que no tienen ni las actitudes ni las aptitudes que son necesarias- y que en este periodo debe reinventarse para volver a hacerse valer.
Por ello, nos hacemos eco de la noticia aparecida en el periódico Cinco Días sobre este tema:
Cuántas veces habrá visto en las farolas, marquesinas y demás mobiliario urbano anuncios de venta de viviendas con un número de teléfono como única referencia. Al contactar con dicho teléfono, cuál es la sorpresa al comprobar que en lugar del propietario del inmueble, el titular de la línea es un profesional que cuenta con varias casas a la venta y se autodenomina agente de la propiedad inmobiliaria. Pues bien, no está contraviniendo ninguna ley. Lo cierto es que desde el año 2000 cualquier persona puede dedicarse a la intermediación inmobiliaria, ya que no se requiere ninguna titulación previa, no es obligatorio contar con un domicilio social y, por supuesto, no se requiere la suscripción de ningún seguro de responsabilidad civil o ninguna póliza de caución.
Pero esto no siempre fue así. Tal y como recuerda el presidente del Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de España, Jaime Cabrero, con anterioridad a esa fecha sí era necesario contar con una preparación y titulación previas e incluso era necesario estar colegiado para poder ejercer.
Sin embargo, concluía el siglo XX y utilizando la espiral de precios alcista de la vivienda como argumento, el Gobierno del PP decretó en 2000 la desregulación de la intermediación inmobiliaria con la excusa de que dando entrada a más profesionales a este sector de actividad se lograría reducir el precio de las casas. Aunque a estas alturas es de sobra conocido, solo recordar que ocurrió justo todo lo contrario.
«Con el agravante de que desde entonces hasta ahora han sido muchos los consumidores que si han tenido un problema durante la compra o venta de su casa, no han sabido adónde acudir ni a quién consultar. Se trata de acabar con esa indefensión», explica Cabrero.
Conocimientos previos
Para poner fin a esa situación de desregulación, los agentes de la propiedad inmobiliaria llevan años exigiendo una reorganización de la profesión. «Que pase de ser un mercado salvaje a un libre mercado regulado con protección fundamentalmente para el consumidor, que este sepa que la persona con quien está tratando tiene una formación mínima inmobiliaria y un código ético o de buenas prácticas, un seguro de responsabilidad civil, que está inscrito en un registro de intermediarios, con oficina abierta al público y que en caso de que la operación no llegue a buen puerto, no por su culpa, asegurarse de que las cantidades entregadas a cuenta le van a ser reintegradas o, en su defecto, que tendrá una garantías mínimas al reclamar», explica Cabrero.
El presidente del Consejo General de los Colegios de API recuerda que en los años de boom inmobiliario hubo intermediarios que ni siquiera contaban con conocimientos previos de la legislación en materia hipotecaria, por ejemplo.
En este sentido, su antecesor en el cargo, Santiago Baena, hizo de esta situación de la profesión una de sus principales causas en su relación con el Gobierno. Cuando se creó el Ministerio de Vivienda en 2004, estos profesionales recordaron que hasta para vender frutas y hortalizas frescas es necesario contar con un carné de manipulador de alimentos. «La ministra de entonces, María Antonia Trujillo, fue la única que acogió nuestras peticiones con sensibilidad, pero nada se ha avanzado hasta ahora», reconoce Cabrero, quien anuncia que tras las elecciones del 20-N volverán a plantear al nuevo Gobierno la necesidad de cambiar la situación.
Por el momento, no han encontrado ninguna receptividad en el Gobierno central, ni tampoco en las principales comunidades autónomas, a excepción de Cataluña que sí regula el desempeño de la intermediación inmobiliaria. «Parece no ser suficientemente grave lo que está ocurriendo con el tema de los desahucios como para regular el papel que puede llegar a desempeñar un API», añade Cabrero. Además, añade que mientras un API español no puede desarrollar su profesión en Portugal, cualquier extranjero sí puede hacerlo en España.
Conviene recordar que un agente de la propiedad inmobiliaria también puede operar como intermediario en el segmento del alquiler, y es la persona idónea a la que consultar, entre otras cuestiones, qué otros gastos lleva aparejada la compra de una vivienda o cómo negociar las condiciones del préstamo con el banco.
Cataluña, primera en fijar unos requisitos mínimos
Gracias al diálogo entablado con las autoridades de la Generalitat, Cataluña se ha convertido en la primera comunidad en acabar con la desregulación que aquejaba a los agentes de la propiedad inmobiliaria. El País Vasco podría ser la siguiente en conseguirlo.
El presidente del Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Vizcaya, José Ramón Gorostiza, asegura que están tratando de llegar a un acuerdo con el departamento de Vivienda del Gobierno vasco. Tal y como ocurre en Cataluña, «pedimos que exista un registro de estos profesionales adonde el consumidor pueda acudir para verificar los datos que desee», explica.
Además, reclaman que sea perentorio suscribir seguros de responsabilidad civil y pólizas de caución para cubrir la entrega de cantidades a cuenta. Y, por supuesto, exigen que sea obligatorio contar con un domicilio o sede social.
«Es tal la situación de desregulación actual que solo el 20% de los intermediarios inmobiliarios de Vizcaya cumplimos esas exigencias», admite Gorostiza.
Fuente: Cinco Días 04/10/11
