El Pleno del Senado aprobó ayer, tras casi seis horas de debate, la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, más conocida como ley antidesahucios, sin introducir más cambios sobre los refrendados por el Congreso. Los votos del PP fueron suficientes para rechazar los tres vetos presentados por PSOE, PSC e ICV y las 275 enmiendas. La norma llegó a la Cámara Alta prácticamente cerrada tras fusionarse la propuesta del Gobierno con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago y con medio centenar de cambios introducidos por el PP.
La norma no incorpora la dación en pago universal y retroactiva que se demandaba en la ILP. Sin embargo, incluye la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan condiciones como que sus ingresos no superen los 19.000 euros anuales. La reforma de la Ley Hipotecaria incluye quitas del 35% para los deudores que liquiden sus cuotas en cinco años y del 20% si lo hacen en diez. La ley faculta a los jueces a detener una ejecución hipotecaria cuando detecten cláusulas abusivas y amplía de uno a tres los impagos a partir de los cuales el banco podrá iniciar un proceso de ejecución hipotecaria.
El Pleno estuvo marcado por las protestas, que culminaron con el desalojo de la tribuna de una veintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A las puertas del Senado, representantes de la plataforma advirtieron que el cierre definitivo de la ley no pondrá fin a sus movilizaciones.
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(ABC. Página 27. 3 medias columnas)