El Gobierno aprobó ayer la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del mercado de alquiler de viviendas. La nueva norma, que entrará en vigor tras ser publicada en el BOE, representa una modificación en profundidad de la Ley de Arrendamientos
Urbanos (LAU) y nace con el objetivo de promover el alquiler de viviendas para que este se convierta en una alternativa real y competitiva a la compra.
Se establece que la duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si el plazo es inferior a los tres
años, la renovación se realizará obligatoriamente por plazos anuales llegada la fecha del vencimiento hasta el cumplimiento de los tres años, salvo que el inquilino comunique su finalización con 30 días de antelación, como mínimo, antes de la fecha de finalización del contrato o de sus prórrogas. En la LAU, las prórrogas automáticas se prolongaban hasta cumplir los cinco años.
Se reduce a 10 días el plazo de desahucio ante los impagos del alquiler si el inquilino no presenta alegaciones ante el juez. También, se flexibilizan los trámites que deberá seguir el propietario si desea dar por concluido el contrato para disponer de la vivienda en caso de necesitarla para sí mismo o para algún familiar. Tendrá que avisar con dos meses.
La norma, que trata de dar preferencia al acuerdo entre las partes, contempla que se puedan actualizar las rentas con indicadores diferentes al IPC, tal y como promulga la próxima ley de desindexación de la economía española.
Otra de las cuestiones que se regula es la realización de obras por parte del arrendatario, que podrá descontar de la
renta si hay acuerdo entre las partes. Y la obligación que tendrán que cumplir los propietarios de informar a sus inquilinos sobre la venta de la vivienda. Por último, se creará un registro público que contendrá información sobre los inquilinos morosos.
La empresa de intermediación Alquiler Seguro valoró ayer que la norma va en contra de su propio preámbulo, “en el que asegura que pretende dotar a este mercado de mecanismos de flexibilización y dinamización”. Considera que es contraria al mercado, “porque lo que puede hacer es estancar lo” y que la ley existente es “suficientemente válida, lo que hay que hacer es
dinamizar la justicia, cuya lentitud es el verdadero problema del mercado del alquiler en España”.
Desde Alquiler Seguro se definió la ley como una apuesta del Gobierno por la recuperación económica en tres años, “pues cree que dentro de ese periodo de tiempo se podrán vender todas esas viviendas que están vacías”. Desde el PSOE subrayaron que se trata de un proyecto anti-inquilinos y criticaron que se elimina definitivamente la renta básica de emancipación (que se mantiene hasta que se apruebe la nueva ayuda social al alquiler).
Información incluida en Expansión, El Economista, ABC, El Mundo.
(Cinco Días. Página 30. 4 medias columnas)