Este mes hace un año desde que se aprobó la Ley de Vivienda, una nueva regulación que ha supuesto ciertos cambios en el mercado residencial en España y Aragón. Independientemente de que en el futuro esta legislación pueda ser modificada en una u otra dirección, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha supuesto para el mercado inmobiliario español (y más en concreto el de Zaragoza) la nueva legislación, tanto para propietarios como para inquilinos.
El objetivo de la Ley de Vivienda es el desarrollo legislativo (en cierta manera) del artículo 47 de la Constitución Española, donde se establece el Derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna. Este derecho que se plantea en la Constitución, si bien no entra dentro de los llamados “Derechos Fundamentales”, si que supone una cierta vigilancia por parte de los diferentes gobiernos para que sus ciudadanos puedan acceder de una manera o de otra a una vivienda que cumpla unos mínimos.
A partir de ahí es posible hacer distintos acercamientos al cumplimiento de ese fin, ya sea mediante una legislación más o menos intervencionista en el otro derecho afectado, que sería el Derecho a la Propiedad Privada (que también se expone en la Constitución, en su artículo 33).
El planteamiento de esta ley afronta el problema desde dos frentes muy distintos: Por un lado facilita el acceso a la propiedad a los ciudadanos más jóvenes, mediante un sistema de avales públicos que permiten un mejor acceso a la financiación en la compra (no hay que olvidar que la norma se publica en una situación donde los costes financieros de hipotecarse han subido bastante), y por otro lado se regula de una manera más restrictiva el mercado de alquiler de vivienda habitual en las distintas comunidades autónomas.
Este último apunte sobre las Comunidades Autónomas no es casual: En la propia Constitución Española determina una serie de competencias que tiene el Estado Central y otras tantas que tienen las Comunidades Autónomas, y en el caso de la vivienda, son estas últimas las que deben de gobernar sobre esta materia.
La nueva regulación que planteó la Ley de Vivienda supone por un lado, la posible limitación en cuanto a la subida de precio de alquiler de vivienda mediante la creación de las zonas tensionadas, y por otro lado una mayor vigilancia de los propietarios que tengan un mayor número de viviendas (a los que llama “grandes tenedores”). El primero de los puntos, al necesitar de un desarrollo por parte de las comunidades autónomas, que en su mayoría no están gobernadas por los mismos partidos que conforman el Gobierno central, no han desarrollado ninguna zona tensionada (con la excepción de Cataluña).
En el caso de Aragón, gobernado actualmente por el Partido Popular, se ha decidido no legislar, por lo que no se nos aplica esta parte de momento. Respecto al segundo punto, el de los grandes tenedores, si la hemos visto aplicada en los procesos de desahucio en pisos de alquiler (ya sea por impago, ya sea por finalización de contrato o cualquier otro incumplimiento). Desde la nueva ley, para que podamos solicitar un desahucio en un piso alquilado en Zaragoza, es necesario primero acreditar si el propietario es o no un “gran tenedor” y si la respuesta es afirmativa, tenemos que realizar al menos un intento de mediación con el inquilino, y otorgar de mayor tiempo en el proceso para que el inquilino desahuciado no se vea desamparado.
Esta última explicación, ha supuesto para los propietarios que los procesos de desahucio (que ya eran bastante largos) se hayan alargado todavía más, sean o no grandes tenedores, para poder cumplir con las garantías que establece la ley. A consecuencia de esto, muchos de los propietarios que decidían alquilar sus pisos, se han vuelto mucho más conservadores a la hora de elegir a sus inquilinos, de manera que el mercado residencial en alquiler de Zaragoza se ha complicado un poco más.
Desde Fincas Torrenueva, hemos optado por dos acciones. Por un lado, favorecer la contratación de un seguro de impago de rentas por parte de los propietarios que nos traen sus viviendas para alquilar (de hecho bonificamos el primer año si nos encargan el alquiler de la misma) de manera que damos una mayor garantía en el cobro de nuestros clientes.
Por otro lado, también hemos reforzado nuestra colaboración con las Administraciones Públicas mediante el programa Alquila Zaragoza, promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza, que permite a los propietarios más inexpertos alquilar sus viviendas sin ningún tipo de preocupación ni en la gestión ni en el cobro del alquiler.
Si está pensando en alquilar su piso en Zaragoza y tiene cualquier duda, le invitamos a llamarnos al 976204999 o bien ponerse en contacto con nosotros por email.
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